Contratación por OPS alcanzó $22,34 billones en enero de 2026: Ley de Garantías aceleró la firma de más de 500.000 contratos
La contratación estatal mediante Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) registró un comportamiento extraordinario durante enero de 2026. De acuerdo con los datos consolidados del sector público, el valor de los contratos suscritos bajo esta modalidad alcanzó cerca de $22,34 billones de pesos, impulsado por la firma masiva de más de 500.000 contratos directos antes de la entrada en vigor de las restricciones contempladas en la Ley de Garantías Electorales.
Las cifras muestran que durante el primer mes del año se celebraron 501.423 contratos por OPS, equivalentes al 96,2% del total de contratos estatales firmados en ese periodo, consolidando esta modalidad como el principal mecanismo de vinculación de personal y prestación de servicios en las entidades públicas del país.
Contratación directa concentró el gasto público de enero
El fenómeno estuvo estrechamente relacionado con el calendario electoral colombiano. La proximidad de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías obligó a entidades nacionales, gobernaciones, alcaldías y organismos descentralizados a adelantar procesos contractuales previstos para varios meses, generando una concentración sin precedentes de recursos durante enero.
En total, el Estado colombiano suscribió contratos por aproximadamente $32,88 billones de pesos mediante 521.269 contratos directos, de los cuales las OPS representaron la inmensa mayoría.
El sector territorial fue el gran protagonista de esta dinámica. Las entidades regionales y locales acumularon 348.495 contratos por un valor cercano a $17,7 billones de pesos, equivalentes al 53,8% del presupuesto ejecutado en contratación directa durante enero.
Por su parte, las entidades del orden nacional alcanzaron $14,87 billones de pesos en contratación directa general.
El efecto “embudo” de la Ley de Garantías
Mientras durante el primer cuatrimestre de 2025 las entidades públicas distribuyeron sus contrataciones de manera relativamente uniforme a lo largo de los meses, el panorama cambió radicalmente en 2026.
La entrada en vigor de la Ley de Garantías el 31 de enero llevó a que numerosas entidades adelantaran la contratación proyectada para varios meses e incluso para gran parte del año, concentrándola en las primeras semanas de enero.
Este fenómeno, catalogado por algunos analistas como un “embudo presupuestal”, provocó que las OPS concentraran el 96,2% del volumen de la contratación estatal y representaran el 67,9% de los recursos públicos comprometidos durante enero.
En comparación con 2025, cuando las contrataciones se ejecutaban de acuerdo con los cronogramas operativos de cada entidad, durante 2026 las administraciones territoriales concentraron cerca del 95% de las OPS previstas para el primer cuatrimestre en apenas cuatro semanas.
Contratistas deben asumir altos costos de seguridad social
El crecimiento de las OPS también pone de relieve las obligaciones económicas que asumen los contratistas independientes.
Con el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) de 2026 fijado en $1.750.905, más un auxilio de transporte de $249.095, para un ingreso total de $2 millones de pesos, los trabajadores vinculados bajo esta modalidad deben realizar aportes obligatorios a salud, pensión y riesgos laborales. Según las estimaciones, un contratista con ingresos mínimos debe destinar entre $499.008 y $508.147 mensuales para cubrir las cotizaciones correspondientes a salud (12,5%), pensión (16%) y afiliación a una ARL, calculadas sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC).
Valle del Cauca vivió una contratación récord
Uno de los territorios donde más se evidenció esta aceleración contractual fue el Valle del Cauca, una de las regiones con mayor actividad administrativa y presupuestal del país.
Ante la inminente congelación de la contratación directa, la Gobernación del Valle y las alcaldías de los 42 municipios adelantaron una intensa actividad de carga y publicación de procesos a través de SECOP II durante las últimas semanas de enero.
De acuerdo con el comportamiento observado, la mayor concentración de contratos se presentó entre el 25 y el 30 de enero de 2026, cuando miles de OPS fueron formalizadas para garantizar la continuidad de servicios administrativos, culturales, educativos, de salud, tránsito y atención comunitaria.
Municipios como Santiago de Cali, Palmira, Yumbo y Tuluá aseguraron buena parte de su personal asistencial y de apoyo mediante contratos con vigencias promedio de cuatro a seis meses, cubriendo así el periodo en el que las restricciones electorales limitan la celebración de nuevos contratos directos.
Caída de la contratación después de enero
Como consecuencia de esta estrategia de anticipación contractual, la actividad de nuevas OPS disminuyó drásticamente durante febrero, marzo y abril.
En el caso del Valle del Cauca, el valor de la contratación directa cayó prácticamente a cero durante ese periodo, limitándose las entidades a ejecutar los recursos y obligaciones que ya habían sido comprometidos durante el histórico mes de enero.
Los analistas consideran que este comportamiento refleja cómo las restricciones electorales modifican el ritmo habitual de la contratación pública, provocando picos de ejecución presupuestal que concentran en pocas semanas recursos que normalmente se distribuirían a lo largo de varios meses.